La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento es el órgano administrativo al que el Gobierno ha asignado la responsabilidad de la gestión de las obligaciones de servicio público en España. En sus responsabilidades está el análisis permanente de aquellos mercados aéreos que podrían ser susceptibles de requerir alguna intervención del Estado y elaborar en su caso los proyectos normativos correspondientes para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Una vez impuestas las obligaciones de servicio público, la Dirección General de Aviación Civil, en estrecha cooperación con los Gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas, controla que la calidad de los servicios prestados responda a los servicios mínimos fijados e informa para que el Gobierno autorice periódicamente, mediante criterios objetivos y transparentes, los nuevos precios, en función de la evolución de los costes que afecten a las compañías aéreas que prestan los servicios.

Para ello, el Gobierno toma además en consideración que los precios del transporte aéreo para los residentes en estos territorios insulares se encuentran actualmente bonificados con el 50% del precio del billete de transporte, cualquiera que éste sea.

Esto permite fijar precios reales para los residentes que den cobertura a sus necesidades de movilidad a la vez que permite a las compañías obtener unos ingresos razonables y poder así garantizar la prestación del servicio.

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