Introducción

Unión Europea

La Unión Europea ha asumido de forma progresiva responsabilidades en materias relacionadas con el transporte aéreo.

Regula aspectos relacionados con asuntos económicos, de seguridad operacional (aeronaves, productos, organizaciones que los operan, mantienen, diseñan y fabrican, licencias a personas relacionadas, etc.), de seguridad contra actos de interferencia ilícita, aeropuertos, navegación aérea, medioambiente y de derechos de los pasajeros, entre otros.

Así, ha desarrollado instituciones como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA en sus siglas en inglés), y ha desarrollado e implantado regulaciones como las tendentes a implantar el Cielo Único Europeo, las normas básicas de seguridad operacional y las relativas a la protección medioambiental frente a la contaminación derivada del transporte aéreo. Además, negocia en nombre de los Estados Miembros convenios económicos con terceros países para el establecimiento de rutas aéreas, entre otras tareas.

Participación española

España, como país miembro, participa en el proceso de creación y modificación del amplio acervo comunitario en esta materia desde los distintos ámbitos en los que este se produce. Representantes de España participan en los comités relacionados con el transporte aéreo (comitología), y en las deliberaciones de los grupos del Consejo, previas a la adopción de resoluciones por el Consejo de Ministros de Transporte y Energía (configuración en la que se deciden la mayoría de los asuntos relacionados con el transporte aéreo).

En este proceso participan tanto funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, como funcionarios del Ministerio de Fomento, procedentes principalmente de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En razón de la materia tratada, personas de otros Departamentos u Organismos pueden ser consultadas.

La labor fundamental de la Dirección General de Aviación Civil en relación con estas tareas se centra en la colaboración con el resto de organismos interesados para la definición de posturas nacionales que sean compatibles con el bien común de la Unión y con los intereses de España y sus ciudadanos. Para ello, se realiza un seguimiento constante de los distintos procesos legislativos en curso y se realizan esfuerzos para contar con el mayor número de opiniones de los interesados en dichos procesos.

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