Tras la aprobación de un Real Decreto en Consejo de Ministros

El Gobierno actualiza la normativa de planificación aeroportuaria de los aeropuertos de interés general

  • La modificación supone la actualización de la normativa sectorial a los cambios que se han venido experimentando en materias de evaluación ambiental estratégica, el modelo de gestión aeroportuaria y de administración aeronáutica.
  • Introduce un sistema flexible y eficiente de revisión de los Planes Directores, vinculado a la evolución del tráfico y a la intensidad de las modificaciones requeridas.
  • Se refuerza el instrumento de coordinación entre la planificación aeroportuaria y la planificación urbanística.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto sobre planificación aeroportuaria de aeropuertos de interés general, que actualiza la normativa vigente hasta la fecha.

El nuevo Real Decreto responde a la necesidad de integrar los aspectos ambientales en la toma temprana de decisiones sectoriales y de adaptar la planificación aeroportuaria a los grandes cambios producidos en los últimos años, tanto en el modelo de gestión de los aeropuertos de interés general de Aena, reconociendo la particularidad de la existencia de otros ajenos a la Red de esta, como en el modelo de administración aeronáutica vigente.

El Real Decreto extiende la participación en la elaboración de los Planes Directores a los agentes del sector, con el objeto de tratar de conciliar los intereses de los aeropuertos con las necesidades de estos. Así, a las administraciones territoriales con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanísticas, se suma la participación de Enaire, las compañías aéreas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros.

Se introduce un sistema de revisión de los Planes Directores más moderno que responda a las necesidades del sector, de tal manera que la revisión se vincula a la evolución del tráfico.

Por último, se refuerzan algunos de los instrumentos de coordinación interadministrativa entre Estado y las administraciones urbanísticas competentes para asegurar el ejercicio de las competencias estatales y el desarrollo adecuado de los aeropuertos de interés general y su eficaz integración en el territorio.

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