El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado que las Comunidades Autónomas dispondrán de 40 millones de euros para financiar la mejora de la movilidad en autobús en el marco del nuevo “Mapa Concesional” en el que ya se está trabajando. Un mapa que tiene como objetivo rebajar las tarifas para los usuarios y mejorar los tiempos de viaje.
Durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para explicar la Ley de Movilidad Sostenible, el secretario de Estado ha asegurado que el objetivo principal de la ley es poner al ciudadano en el centro de las políticas de movilidad, que se reconoce como un derecho.
Así, ley facilitará soluciones de movilidad para todas las personas, vivan donde vivan, priorizando alternativas sostenibles para la movilidad cotidiana. Esta es la razón, según Santano, por la que la ley reconoce la movilidad como un derecho.
También ha destacado que la ley introduce un foro de diálogo permanente con todas las administraciones, para lo que se crea un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esa coordinación.
Esta Ley, según Santano, permitirá una mejor inversión al servicio de la ciudadanía, vendrá a mejorar el rigor en la financiación y en la justificación de las decisiones de inversión pública en infraestructuras y de gasto en servicios de transporte reforzando la participación pública en la toma de decisiones y garantizando la transparencia.
En línea con los objetivos de responder a la emergencia climática, el texto incorpora instrumentos para que el transporte público, la intermodalidad y la movilidad activa, como andar o ir en bicicleta, tengan un papel esencial en un nuevo modelo de movilidad sostenible.
Para cumplir con estos objetivos, entre otras cosas, la ley ordenará el Mapa Concesional de las líneas de autobús interurbanas. El objetivo esencial marcado, de acuerdo con el espíritu de la Ley, es que las concesiones del Estado cumplan su papel de canalizar los grandes flujos de transporte en autobús, adaptándose a la demanda actual y haciendo más competitivo al transporte colectivo por carretera, con mejores tiempos de viaje, y todo ello bajo con el principio de que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje.
En este sentido, ha avanzado que este nuevo enfoque requiere que se intensifique la colaboración con las Comunidades Autónomas para coordinar las redes de ambas administraciones. Así Transportes está dispuesto a destinar 25 millones de euros para mecanismos de compensación desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas que les permitan integrar en sus redes aquellos tráficos internos de su competencia que aún se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido pese a tratarse de tráficos de competencia autonómica.
Todo ello sin olvidar que las Comunidades Autónomas también dispondrán de los ingresos que obtengan de estos servicios una vez empiecen a prestarlos bajo su competencia, del orden de 15 millones de euros, para que la oferta al ciudadano sea completa y acorde a sus necesidades con un transporte adaptado a la demanda.
En total, los 40 millones de euros referidos que demuestran el compromiso del Ministerio de garantizar que la ciudadanía mantenga sus oportunidades de viaje y vean mejorado el servicio. Un reto que se alcanzará con el trabajo conjunto de todas las administraciones y poniendo siempre al ciudadano en el centro de las decisiones, ha concluido Santano.
Además, el secretario de Estado ha destacado que la Ley de Movilidad Sostenible mantiene y consolida nuestro sistema concesional, cuyo futuro se garantiza con este nuevo Mapa Concesional para el que se establecerán plazos concretos con el fin de avanzar en su renovación.
Este nuevo mapa, al optimizar el desarrollo de las rutas y aumentar la ocupación de los autobuses, permitirá reducir las tarifas más de un 20%, así como mejorar los tiempos medios de viaje, llegándose en determinados servicios a mejoras de hasta el 30% respecto a los tiempos medios de viaje actuales.
Además, el diseño del nuevo mapa concesional permitirá una mayor ambición en la renovación de las flotas de autobuses vinculadas a estos contratos y promoverán el desarrollo de nuevas aplicaciones de información al viajero, en las que ya se está trabajando desde el Ministerio de Transportes.
En definitiva, el mapa es una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivo, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al vehículo privado, ganando cuota y mejorando así la eficiencia global del sistema que da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y potencia la interconexión con las redes autonómicas de transporte por carretera respetando el marco competencial.
En materia de infraestructuras de transporte, la ley contempla una serie de herramientas para mejorar la eficiencia en el proceso de planificación y construcción de las infraestructuras de competencia estatal, como la obligación de contar con un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en materia de Movilidad. Herramienta que el secretario de Estado ha vinculado a la necesidad de trabajar en un acuerdo de país por las infraestructuras para sentar unos criterios estables que permitan avanzar en su desarrollo, con independencia del color político, tal y como ha defendido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
El secretario de Estado ha explicado que la ley establece los mecanismos necesarios para mejorar la financiación al transporte urbano y permitirá explorar, como posibles fuentes de financiación para la descarbonización del sector o la protección social de usuarios vulnerables del transporte, otros instrumentos como el Fondo Social para el Clima, que dispondrá de aproximadamente 7.000 millones de euros solo en nuestro país, o los ingresos derivados del comercio de emisiones regulado en el reciente Fitf For55.
Además, el mecanismo recogido en la ley también recoge la posibilidad de financiar más allá del ámbito urbano, abriendo la puerta a contribuir al sostenimiento de servicios de transporte o movilidad vinculados a territorios que enfrentan el reto demográfico.
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.
El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares:
Para lograr estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad, es imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Para ello la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación.
Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (DOMOS).